Pobladores de Temacapulín hacen un nuevo llamado para la cancelación de la construcción de la Presa El Zapotillo, esta vez con el respaldo de un documento elaborado por investigadores y especialistas que realizaron una pre-audiencia sobre "Presas, derechos de los pueblos e impunidad".
Del dictamen final de la pre-audiencia se desprenden siete recomendaciones para El Zapotillo, una de ellas: “Que se cancele de manera definitiva la construcción de la Presa el Zapotillo, así como todos sus actos y consecuencias, como la reubicación en Talicoyunque, por estarse llevando a cabo en desacato a decisiones judiciales, en violación a los derechos de los pobladores y sin que exista una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente a la altura de la nueva cortina proyectada”.
En la rueda de prensa de presentación del documento, el vocero del Comité Salvemos Temaca, Acasico y Palmarejo, padre Gabriel Espinosa, dijo: "Si es un asunto federal (la presa), con mayor urgencia le corresponde al Ejecutivo estatal conocer la propuesta de la Federación. Decirle 'Gobierno federal: ven, sentémonos, con las comunidades afectadas y vamos resolviendo esto en algo que convenga para todos', y no solo dejarle toda la palabra a la Federación; pareciera que la Federación fuera palabra de Dios y no".
Esto a razón de que, en sus últimas declaraciones, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, dejaba el proyecto en manos del Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto.
“Exigimos que nos restituyan, especialmente, la paz. Ya basta del estira y afloje que destruye el tejido social de las comunidades; exigimos una gestión integral del agua y le pedimos a las autoridades que acepten el dictamen y lo ejecuten“, aseveró Espinosa.
Y añadió: “En cuestión de comunicación, no podemos resolver a través de tweets, llamadas, correos electrónicos. Las relaciones interpersonales son las más importantes, por eso, señor gobernador, lo esperamos en Temaca”.
El padre llamó a las autoridades a hacer “equipo”. “La lucha de Temaca, Acasico y Palmarejo siempre ha pretendido dialogar, ser propositivos; pareciera como que las autoridades van por un lado y el pueblo por otro, cuando juntos tenemos que construir una sociedad”.
“Que no nos lavemos las manos, es una costumbre política, a mí no me toca, es cuestión de aquél (…) No hablemos de altura de presas, hablemos de altura de dignidad, altura para gobernar”, fue otra de sus exigencias.
Sobre el beneficio de la presa, al dotar de agua a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), Los Altos de Jalisco y a León, Guanajuato, subrayó: “Los derechos de las minorías se tienen que respetar tanto como los de las mayorías (…) Alternativas sobran para generar agua”.
Incrementar la altura del embalse de 80 metros a 105 implicaría que Temacapulín quedara bajo el agua.
El dictamen
La pre-audiencia titulada “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” sesionó los días 5 y 6 de noviembre de 2012 en Temacapulín, Jalisco, en el que se presentaron 11 casos, provenientes de cinco estados de la República mexicana y luego se redactó un dictamen.
Con base en información y pruebas que le permitió analizar al jurado interdisciplinario el contexto político-económico mexicano y, en este marco, la construcción de las presas, y tomando en cuenta los principales instrumentos legales internacionales en materia de derechos humanos y en la legislación nacional, se emitieron tres tipos de recomendaciones.
Patricia Ávila, integrante del jurado, expuso en rueda de prensa que la pre-audiencia deviene de la mesa de devastación ambiental y derechos de los pueblos, capítulo Mexicano, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), “una instancia internacional, no gubernamental, que emerge en un marco de los tribunales éticos de justicia alternativa”.
“El mensaje va dirigido particularmente al Gobierno de Jalisco, que se abra el diálogo y los canales de negociación a conflictos y que se genere esta sensibilidad, que se garanticen y respeten los derechos de los jaliscienses”, dijo la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al hablar de las presas El Zapotillo y Arcediano.
“Como jurados podemos ver que no hay un debate, las políticas y los proyectos vienen de una forma vertical, autoritaria, que ha sido un estilo histórico en la manera que se han hecho los proyectos de presas en el país; el proyecto va y no importa a quien afecta”, aseveró.
Sobre la Presa de Arcediano, que también se analizó, dijo: “Nuevamente aparecen voces que dicen que el proyecto no se ha cancelado, que podría emerger, y me parece que esto es grave, porque no hay el reconocimiento público del error y genera una angustia para quienes tendrían una expectativa diferente”.
Para saber
El futuro del dictamen
Claudia Gómez, del Colectivo de Abogados, explicó los alcances que pretenden dar al dictamen. En principio, el documento se entregaría a las autoridades estatales y federales y a las comisiones nacional y local de Derechos Humanos, jueces, etcétera.
“Sería revictimizar a las víctimas pensar que el dictamen se va a quedar en papel. Vamos a exigir su cumplimiento. La idea era tener un documento que sirviera a los pueblos en la defensa de su derecho. Ya sabemos que la construcción de presas en México es un horror para los pueblos y para el medio ambiente”.
La abogada indicó que se le entregó una copia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “a lo mejor lo leyeron, pero no lo utilizaron para la decisión que tomaron recientemente”, es decir, el rechazo de la existencia de una controversia constitucional interpuesta por Cañadas de Obregón por la construcción de la Presa El Zapotillo.
“En lo que respecta a la construcción de presas hay una sistemática violación a los derechos de los pueblos, una insistente falta de consulta de información; no se consideran los impactos ambientales y sociales”, lamentó.
Recomendaciones por la Presa el Zapotillo (dictamen)
Que se cancele de manera definitiva la construcción de la Presa el Zapotillo, así como todos sus actos y consecuencias, como la reubicación en Talicoyunque, por estarse llevando a cabo en desacato a decisiones judiciales, en violación a los derechos de los pobladores y sin que exista una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) correspondiente a la altura de la nueva cortina proyectada.
Que se suspendan los actos de hostigamiento y amenazas a los pobladores y comunidades amenazadas, así como la cancelación de las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco en contra de defensores de derechos humanos que han acompañado e investigado las violaciones que sufren las comunidades.
Que se cancelen los procedimientos de expropiación de tierras que ha impulsado el Gobierno del Estado.
Que una nueva evaluación de impactos ambientales y sociales se realice con la participación de las comunidades, considerando la elevación de la cortina y estudiando alternativas de menor impacto y menos costosas, ya que el aumento de una cortina de 80 a 105 metros eleva exponencialmente los impactos sociales y ambientales del proyecto.
Que se asegure una adecuada asistencia a la salud y acompañamiento psicológico a la población que se ha visto amenazada por el proyecto.
Que se finquen las responsabilidades administrativas y penales a las autoridades y funcionarios de empresas privadas que han violado derechos humanos e incumplido sentencias.
Que se genere un mecanismo de reparación por los daños materiales y morales causados a las víctimas y se establezcan las garantías necesarias de no repetición de los hechos constitutivos de violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Recomendaciones generales
El dictamen final de la pre-audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” contiene las siguientes recomendaciones generales:
La importancia de generar un debate público a nivel nacional sobre las políticas de energía y agua que se están dando en el país, donde se involucre más actores.
Evitar la realización de proyectos hidroeléctricos que conlleven a la destrucción de ecosistemas, y de los pueblos, y que implican violaciones masivas a los derechos humanos.
Cancelar aquellos proyectos que estén en curso y que estén violentando derechos, en particular aquellos que se están desarrollando sin un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos involucrados.
Respetar en los proyectos la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, con el fin de respetar los derechos.
Recomendaciones por la Presa de Arcediano
Que el Estado mexicano, de acuerdo con los instrumentos internacionales de derechos humanos, restituya a la comunidad desalojada y se le asegure el derecho de regresar al lugar.
Que el Estado mexicano compense a la comunidad por las pérdidas materiales e inmateriales, que incluyen los daños psicológicos, que han sufrido como resultado de desalojo y afectación de sus tierras.
Que el Estado mexicano compense integralmente los daños físicos, psicológicos, morales y patrimoniales ocasionados particularmente a la persona que sometió el caso al tribunal (María Guadalupe Lara Lara), por las violaciones cometidas en su contra durante los últimos nueve años, de acuerdo con los estándares internacionales, que contemplen como mínimo una indemnización suficiente, una disculpa pública y garantías de no repetición.
Que el Gobierno del estado de Jalisco reconozca las equivocaciones en las que incurrió en la planeación del fallido proyecto de la Presa Arcediano y se realice una auditoría transparente sobre el uso y la cantidad de recursos públicos utilizados para el proyecto.
Que el Estado mexicano finque las responsabilidades jurídicas y políticas que correspondan contra los servidores públicos promotores de la Presa de Arcediano, involucrados en las violaciones de derechos en contra de María Guadalupe Lara Lara.
Que el Gobierno de Jalisco, en coordinación del Gobierno federal, expida la cancelación definitiva del proyecto Presa Arcediano, otorgando garantías suficientes, establezca el saneamiento integral del Río Santiago y una política hídrica sustentable para la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Que el Gobierno de Jalisco restaure y preserve a perpetuidad la Barranca Huentitán-Oblatos, como espacio público de recreación de bajo impacto y libre de megaproyectos.
